“ LA ACREDITACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL EN MICHOACÁN”.

INTRODUCCIÓN A pesar de la inclusión de ciertos delitos bajo el rubro “contra la libertad y seguridad sexual” en el Título Decimocuarto del Código Penal del Estado y la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Familiares, el Código de Procedimientos Penales de la Entidad en su Capítulo V denominado “Comprobación de los elementos constitutivos del tipo penal”, no hace referencia alguna a la forma en que el Ministerio Público debe acreditar este tipo de delitos; omisión que sería poco menos que irrelevante si no habláramos de ilícitos que por su especial naturaleza, conllevan muy serías implicaciones. Por otro lado, existe incertiudmbre respecto a lo que será el objeto de la preusa, es decir, si habrá de acreditarse el cuerpo del delito o los elementos del tipo por parte del órgano persecutor, ya que como veremos, el alcance que se ha dado a dichos conceptos es muy distinto, así como las consecuencia que de cada uno se derivan. En efecto, por el lado de la víctima, mas allá de la irreparabilidad del daño causado, se ve obligada a recorrer los vericuetos del sistema de procuración de justicia mexicano. Además, al no estar regulado un procedimiento de prueba especial puede generar, por un lado, una deficiente integración de la averiguación previa o vicios en esta etapa de preparación de la acción penal provocando que el indiciado, a pesar de haber cometido el ilícito, quede impune. Por el otro, la omisión de practicar las pruebas idóneas, el corroborar la versión de la víctima, la inexistencia de una verdadera y seria investigación por parte de la Policía Ministerial o la falta de recursos del indiciado para costear un buen abogado particular, traen como resultado que un inocente sea condenado por un crimen que no cometió. Pero lo más lamentable es que incluso si luego de ser sometido a proceso es puesto en libertad, el indiciado debe cargar el estigma de la culpabilidad, pues la desconfianza que la sociedad tiene por sus autoridades encargadas tanto de la Procuración de Justicia, como de los órganos encargados de la función jurisdiccional, lleva a muchos a una terrible conclusión: quien es acusado y recupera su libertad, tuvo que haber corrompido a la autoridad, o bien, la ineptitud de ésta, hábilmente aprovechada por su inmoral abogado, le consiguieron ser exonerado; pero en cualquier caso, tuvo que ser culpables o, en principio, no lo habrían acusado. 9 En los casos del responsable que por la deficiente integración de la averiguación previa queda impune y del inocente que es injustamente condenado, podemos revertir la situación en relativamente poco tiempo: estableciendo un procedimiento moderno, científico, claro, específico y ampliamente conocido por los agentes que tienen a su cargo la tarea de perseguir a los delincuentes. Respecto a la desconfianza social hacia la autoridad. Irá desapareciendo cuando el hombre de la calle encuentre funcionarios profesionales, comprometidos con su tarea, honestos y vigilados por la propia sociedad que los contrata y a quien deben servir. Así las cosas, con el objeto de fundar y justificar las pretensiones científico-jurídicas del autor, el presente trabajo se desarrolla en la forma siguiente: En el primer capítulo, al que se denomina La Averiguación Previa, nos ocupamos de hacer algunas consideraciones básicas sobre esta etapa del procedimiento penal; el Ministerio Público; los conceptos y diferencias entre pretensión punitiva y acción penal; los principios que rigen la actividad del Ministerio Público; las fases de la indagatoria y el objeto de ésta, es decir, la prueba de los hechos en los delitos sexuales. En el segundo capítulo, titulado ¿Cuerpo del delito o elementos del tipo?, tratamos el origen y evolución del cuerpo del delito en la doctrina; su caracterización en la legislación nacional; en la legislación secundaria, limitándonos al Código Federal de Procedimientos Penales y la legislación adjetiva penal de Michoacán; pasamos luego al cuerpo del delito en la jurisprudencia mexicana; la evolución del tipo penal; el tipo penal en el Sistema Causalista Clásico; el tipo penal en el Sistema Causalista Neoclásico; el tipo penal en el Sistema Finalista; el tipo penal en el Sistema Funcionalista; terminando con algunas observaciones respecto del Cuerpo del delito y los elementos del tipo. El tercer capítulo, Los delitos contra la libertad y seguridad sexual, se refiere al análisis de los tipos descritos en el rubro homónimo del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo: violación simple; violación agravada; violación impropia; el delito que se equipara a la violación; estupro; suplantación de cónyuge o concubino y abusos deshonestos; conteniendo en cada caso, de sus conceptos doctrinal, legal y jurisprudencial – cuando se han formulado-; la estructura del tipo y sus elementos. Por último, en el capítulo de Conclusiones se señalan las pruebas idóneas para demostrar los elementos de cada tipo y nos ocupamos de los criterios de 10 valoración de las pruebas que el Código de Procedimientos Penales obliga a seguir al Ministerio Público. Veamos cómo la justicia social debe sustentarse no sólo en buenas intenciones y amplias facultades para las autoridades, sino en la profesionalización de los órganos investigadores, garantizando con ello la exacta aplicación de la ley; pero sobre todo, promover la constante supervisión de una Sociedad más participativa